Ciudad de México.— La disputa por los límites a las jubilaciones del sector público llegó este jueves al Congreso de la Ciudad de México, donde integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados y organizaciones de extrabajadores de Pemex, CFE y banca de desarrollo se concentraron para exigir certeza jurídica y que las nuevas disposiciones no afecten pensiones que, sostienen, ya fueron reconocidas bajo reglas anteriores.
La concentración fue convocada desde las 9:30 horas en el cruce de Donceles y Allende, frente al recinto legislativo de la capital. La agenda pública de este 10 de septiembre confirma la ubicación del Congreso en esa intersección del Centro Histórico.
Los manifestantes colocaron como eje de su protesta el respeto a los derechos adquiridos, la prohibición de aplicar de manera retroactiva las modificaciones legales y la certeza jurídica sobre el régimen con el que fueron calculadas sus jubilaciones. La movilización ocurre después de varias acciones emprendidas durante los últimos meses para intentar modificar los alcances de la reforma al artículo 127 constitucional.
El antecedente inmediato se encuentra en la movilización del pasado 31 de agosto, cuando jubilados de Pemex, CFE y banca de desarrollo marcharon hacia la Cámara de Diputados y entregaron una denominada iniciativa ciudadana contra la retroactividad. De acuerdo con información publicada entonces, la Alianza Nacional de Jubilados sostuvo que el segundo transitorio del artículo 127 debía revisarse para evitar que una modificación posterior afectara derechos previamente reconocidos.
La controversia tiene su origen en la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2026, cuyo objetivo fue establecer límites a las jubilaciones y pensiones de entidades públicas. El proyecto fue aprobado en lo general con 458 votos y en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, antes de ser enviado a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México.
Uno de los puntos más sensibles es el alcance del régimen transitorio. Los jubilados argumentan que una aplicación sobre pensiones ya reconocidas supondría una afectación a derechos adquiridos y contravendría principios constitucionales como la irretroactividad de la ley. La organización ha planteado que la discusión debe considerar también los principios de progresividad y protección de derechos humanos.
El conflicto no se limita a Pemex. Las movilizaciones han involucrado también a jubilados de CFE, Banobras, Nafin, Bancomext y otras instituciones públicas, quienes sostienen que sus condiciones de retiro fueron determinadas bajo disposiciones vigentes al momento de su jubilación. En julio, representantes del sector ya habían reclamado públicamente la revisión de la reforma y advertido sobre posibles afectaciones a cientos de extrabajadores.
En el caso de Pemex, durante junio se reportó un acuerdo para establecer un pago máximo de 134 mil 290 pesos mensuales, después de que inicialmente la reforma había generado preocupación por un límite considerablemente menor. Sin embargo, la propia organización de jubilados ha señalado que ese ajuste administrativo no modifica por sí mismo el texto constitucional, por lo que mantiene su demanda de una corrección jurídica de fondo.
La concentración también representa un problema inmediato para la movilidad en el Centro Histórico, debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Congreso. Reportes de la agenda de movilizaciones de este jueves ubican a la Alianza Nacional de Jubilados a partir de las 9:30 horas en la zona, por lo que la circulación puede verse afectada en Donceles y calles próximas al recinto.
Más allá del impacto vial, la protesta coloca nuevamente en la agenda pública el debate sobre hasta dónde puede llegar una reforma constitucional para limitar pensiones consideradas excesivas y, al mismo tiempo, cómo deben protegerse las condiciones de retiro de quienes ya adquirieron una jubilación bajo un régimen previo. El punto central sigue siendo jurídico: determinar el alcance temporal de la reforma y evitar interpretaciones que generen incertidumbre entre los pensionados.
La movilización de este jueves confirma que el conflicto está lejos de cerrarse. Mientras el Congreso federal sostiene una política orientada a establecer límites a las jubilaciones de entidades públicas, los trabajadores retirados mantienen una estrategia de presión institucional y legal para que cualquier modificación respete los derechos que consideran consolidados. En ese escenario, el Congreso de la Ciudad de México se convierte nuevamente en un espacio de protesta, aunque la definición de fondo corresponde al ámbito constitucional federal.
